El modelo mexicano de aborto en casa está llegando a Texas

Esta nota de The Texas Tribune fue producida con el apoyo del Centro Pulitzer.

MONTERREY, México — Hola, tengo cuatro semanas de embarazo. Ocho semanas. Seis semanas.

En su casa, en esta zona montañosa del norte de México, Sandra Cardona Alanís recibe constantes notificaciones a través de Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp. Ella es acompañante y una de las fundadoras de Necesito Abortar México, una purple de voluntarias que ha ayudado a miles de personas en todo México a acceder a un aborto, usualmente en casa. Las acompañantes proveen tanto medicamento como apoyo.

Con la eliminación del derecho constitucional al aborto en los Estados Unidos, y con varios estados avanzando rápidamente hacia la restricción de cualquier acceso al procedimiento, cada vez más y más de las llamadas que llegan a colectivas mexicanas como la de Cardona Alanís provienen de lugares como Texas.

La gente que busca ayuda no sólo está cruzando una frontera física, sino una división cultural entre países que han seguido caminos distintos en la atención médica en torno a la salud reproductiva. Mientras que el acceso al aborto se está restringiendo en Estados Unidos, en México se está expandiendo.

Dado que en México los medicamentos para inducir un aborto pueden ser conseguidos sin receta, las redes de acompañamiento han tenido la misma importancia que las clínicas de aborto comúnmente conocidas en Estados Unidos.

La purple Necesito Abortar México es una de muchas que operan en la periferia del establecimiento médico formal, ofreciendo a la gente la posibilidad de gestionar sus propios abortos sin acudir a una clínica. La purple normalmente es contactada por dos o tres personas al día, pero el viernes en el que la Suprema Corte de Estados Unidos emitió el fallo que eliminó el derecho al aborto, recibieron mensajes de 70 personas. La mitad de los mensajes provenía de los Estados Unidos.

Incluso antes de que los efectos de la revocación del derecho al aborto se hicieran completamente presentes, las redes de voluntarias ya estaban expandiendo sus servicios de manera internacional. Durante meses, las mexicanas han ayudado a entrenar a las voluntarias que formarán las nuevas redes de apoyo en Texas y otras partes de Estados Unidos. Además, han transportado miles de dosis de medicamentos para abortar, creando reservas informales para distribuir los fármacos más fácilmente del lado norte de la frontera.

Debido a que el panorama authorized estadounidense sigue cambiando, exportar este modelo de acompañamiento seguramente no será fácil. Los medicamentos para abortar deben ser transportados discretamente a Estados Unidos, donde sólo se puede acceder a ellos con receta médica.

Aquellas personas involucradas en la construcción de un sistema de acompañamiento related al mexicano en Estados Unidos posiblemente se enfrentarán a riesgos legales, tanto penales como civiles — sobre todo con integrantes del partido republicano en estados como Texas que aún buscan eliminar cualquier posibilidad para acceder al aborto.

Adoptar el modelo mexicano también requeriría un cambio en la mentalidad colectiva estadounidense en torno al aborto. Esto implicaría extraer el aborto del sistema médico hospitalario y llevarlo a los hogares de las personas en estados como Texas.

Pero la autonomía que ofrece este sistema lo puede cambiar todo para bien, dicen frecuentemente Cardona Alanís y su pareja, Vanessa Jiménez Rubalcava.

“Es una oportunidad para que vean que pueden abortar desde su propia casa”, dijo Jiménez Rubalcava. “Cuando puedan ver que el aborto está en sus manos y no en el estado, ni en el servicio de salud, ya no va haber fuerza que las pare”.

Surge el modelo de acompañamiento

El acceso al aborto en México creció al margen social y authorized del país, en una época en la que la interrupción del embarazo no sólo period penalizada sino también altamente estigmatizada.

A inicios del siglo XX, los códigos penales del país alentaron una cultura de persecución contra mujeres y doctores, misma que duró décadas. Miles de personas fueron denunciadas por aborto ilegal entre 2010 y 2020. Cientos fueron investigadas. Varias recibieron sentencias penales. Algunas fueron denunciadas por sus propios doctores o por el private de los hospitales en los que buscaron cuidado médico.

En respuesta a esto, activistas, incluyendo muchas dentro del movimiento feminista, trabajaron para construir capital social e impulsar reformas a las leyes estatales. Mientras tanto, las mujeres que luego crearían el precise modelo de acompañamiento empezaron a abogar por cambios en las leyes penales.

El modelo de acompañamiento implica un amplio sistema de apoyo creado por mujeres que buscan ayudarse entre sí para acceder a abortos seguros. Las voluntarias distribuyen medicamentos, dan instrucciones sobre cómo tomarlo y ofrecen orientación médica avalada por private médico. Aconsejan a las personas mediante llamadas telefónicas, videollamadas o mensajes de texto. A veces, ofrecen sus propios hogares como alojamiento temporal.

Las redes son una mezcla de colectivas, conformadas principalmente por voluntarias y al menos una organización no gubernamental, cuyo funcionamiento depende de donaciones. Trabajan fuera del sistema médico formal; sin embargo, a menudo este mismo sistema les hace donativos de medicamentos.

“En México, en general, siempre han sido relevantes el aborto en casa, el aborto autogestionado con medicamentos acompañado por colectivas y demás….Esto ha sido básicamente por haber vivido tantos años en contextos legalmente restrictivos”, dijo Isabel Fulda Graue, la subdirectora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), un grupo líder en los derechos del aborto en México.

El país afrontó un cambio enorme en 2007, cuando los movimientos feminista y pro-aborto impulsaron la legalización del aborto en la Ciudad de México. La reforma fue descrita por GIRE como una “necesidad social”, la cual fue demostrada por los más de 7,000 abortos legales que, de acuerdo con la organización, fueron proporcionados en clínicas públicas durante ese primer año.

En 2019, el estado de Oaxaca se volvió el primero en seguir los pasos de la Ciudad de México al legalizar el aborto. Esto marcó lo que las activistas pro-aborto llamaron una ola de progreso social. Esta ola resultó en reformas en otros estados, incluso antes de que la Suprema Corte mexicana declarara de manera unánime que criminalizar el aborto es inconstitucional.

En México, private médico, funcionarias del gobierno y activistas por igual le dan crédito al modelo de acompañamiento por abrir la puerta al cambio, diciendo que empoderó a las comunidades, llenó el vacío de información para combatir el estigma contra el aborto y planteó el acceso al aborto con medicamento como algo elementary.

Esas reformas abrieron paso a un conjunto de clínicas de aborto tanto públicas como privadas, aun en expansión, particularmente en la Ciudad de México. Este progreso no marcó el closing para el modelo de acompañamiento, sino que lo hizo incluso aún más esencial, especialmente para personas de bajos recursos y para quienes se encuentran fuera de grandes ciudades — todas aquellas que, de no tener acompañamiento, no tendrían acceso alguno al aborto.

Con el tiempo, lo que comenzó como un trabajo clandestino que rompía las leyes estatales se volvió en una ramificación aceptada — e incluso respaldada — del sistema de salud oficial.

Después de años de haberse puesto en práctica, el aborto autogestionado con medicamento ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una opción “no invasiva y altamente aceptable”, así como una alternativa, segura y accesible, a la atención médica en una clínica.

“No es un procedimiento solamente creado ante la desesperación, sino que ha sido avalado”, dijo María Antonieta Alcalde Castro, directora de Ipas Latinoamérica y el Caribe, una organización internacional que trabaja para ampliar el acceso al aborto y a los anticonceptivos. Agregó que parte de la razón por la que ha sido evaluado y reconocido por la OMS es porque “se ha practicado de manera muy segura”.

Aunque la seguridad del aborto con medicamento es ampliamente reconocida, hay algunas diferencias entre los estándares internacionales y los de Estados Unidos. La OMS recomienda que aquellas personas que se encuentren dentro de las primeras 12 semanas de embarazo pueden autoadministrarse un régimen de uno o dos medicamentos sin la supervisión directa de un profesional médico. Mientras tanto, bajo las reglas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), el régimen de dos medicamentos está permitido hasta las 10 semanas de embarazo. El medicamento debe ser recetado sólo bajo la supervisión de private médico certificado.

Las líderes de las redes de acompañamiento mexicanas han creado relaciones estrechas con los prestadores de servicios de aborto en la Ciudad de México, con quienes se asesoran extraoficialmente. El resultado es un sistema que las activistas pro-aborto decriben como la vanguardia en el acceso al aborto.

“Sí creo que en realidad lo que pesa más en Estados Unidos es el miedo [de lo] que puede pasarte si abortas en donde lo están restringiendo, pero creo que sobre todo es el tema del estigma asociado a que un aborto en clínica, eso sí está bien, eso sí está seguro”, dijo Verónica Cruz, una activista de Guanajuato que fundó Las Libres, una de las primeras redes de acompañamiento en el país.

Durante la última década, Cruz y otras mujeres han ayudado a formalizar y replicar el modelo de acompañamiento, entrenando a nuevas integrantes para formar redes en todo el país con el fin de que las personas puedan recurrir a ellas sin siquiera considerar viajar a una clínica de aborto.

“Estados Unidos ha llegado muy tarde a este avance”, agregó Cruz.

“En nuestras propias manos”

A pesar de que en estos días ayuda a cientos de personas a acceder al aborto, antes, Vanessa Jiménez Ruvalcaba se oponía a él.

Asistió a escuelas católicas en las que enseñaban que el aborto period un pecado. Su visión comenzó a cambiar conforme fue creciendo, particularmente después de conocer a mujeres que habían tenido abortos. Al principio de su relación, Jiménez Ruvalcaba, de 41 años, y Cardona Alanís, de 54, trabajaban informalmente como organizadoras comunitarias, creando espacios seguros para lesbianas y mujeres bisexuales. Más adelante, formaron parte del movimiento por despenalizar el aborto. Después, comenzaron a llegar las peticiones para ayudar a las mujeres a acceder al aborto seguro.

“Nunca lo planeamos como algo establecido. Creo que el objetivo de la red lo fuimos descubriendo conforme fuimos acompañando”, dijo Jiménez Ruvalcaba recientemente mientras preparaba una presentación para capacitar acompañantes.

Hoy, la vida de este matrimonio gira en torno al aborto. Dirigen la purple Necesito Abortar México, la cual fundaron hace casi seis años desde su casa, ubicada en una calle residencial con el famoso Cerro de la Silla a sus espaldas. Antes también ofrecían su recámara a personas que no podían tener un aborto en sus casas; ahora han convertido la antigua oficina de Jiménez Ruvalcaba en un pequeño departamento que sirve como alojamiento. Incluso su aniversario de noviazgo cae el mismo día en que el aborto fue legalizado en la Ciudad de México.

Sus largos días incluyen la entrega de medicamentos, reuniones con las integrantes de la purple, entrenamientos y acompañamientos. Casi cada hora, sus celulares y computadoras reciben notificaciones de personas a las que están ayudando a abortar.

Su trabajo es interrumpido casi únicamente por el silbato de un tren cercano y el agudo sonido del timbre que suena cada que llegan personas en busca de su ayuda. Recientemente, durante una mañana entre semana, el timbre sonó dos veces en tan solo unos minutos.

Con una cajita blanca de medicamento en la mano, Jiménez Ruvalcaba salió apresuradamente atravesando su cochera techada para dejar entrar por el portón chirriante a alguien que buscaba ayuda. Dio una corta lista de instrucciones: la dosis inicial de pastillas va debajo de la lengua, hay que esperar media hora, y después tomar agua para ingerir lo que quede de ellas. El sangrado comienza rápidamente para algunas personas, pero puede tomar más tiempo para otras.

Jiménez Ruvalcaba también le aconsejó qué tomar en caso de que haya dolor y, con gentileza, enfatizó la importancia de mantenerse bien alimentada durante el proceso. Estamos aquí para apoyarte, le recordó a la mujer.

Ese mismo día, Cardona Alanís envió cinco paquetes de misoprostol a otras personas que buscaban tener un aborto en casa, pasándoselas por el portón a un mensajero privado. Necesito Abortar México envía medicamento tan seguido que el mensajero está acostumbrado a recoger paquetes regularmente.

Los abortos con medicamento pueden llevarse a cabo con una combinación de mifepristona y misoprostol o sólo misoprostol, aunque los reglamentos de Estados Unidos no aprueban el uso de misoprostol por sí solo. En Mexico, el misoprostol se consigue sin receta médica, ya que se puede usar para prevenir las úlceras estomacales. Ese día los paquetes contenían solamente misoprostol. Las redes suelen recibir con frecuencia donaciones de ambos medicamentos, a pesar de que en México se requiere de una receta médica para obtener mifepristona. Las redes mexicanas han logrado transportar tantas dosis de mifepristona a Estados Unidos que, la semana después de que el derecho constitucional al aborto fuera derogado, se quedaron sin ese medicamento para las personas de México a la que estaban acompañando.

La escasez de mifepristona en las redes de acompañamiento ha capturado la magnitud, y la urgencia, del traslado de medicamento hacia Estados Unidos en meses recientes.

Las cadenas de distribución comienzan en lugares como Monterrey y Guanajuato, y se abastecen principalmente con recursos locales recolectados por las redes de acompañamiento, pero también con donaciones de medicamento enviadas desde Canadá. Los medicamentos entran a Estados Unidos a través de una docena de personas voluntarias que cruzan la frontera con las pastillas en su equipaje, en bolsas de dulces o en regalos envueltos. Algunas de ellas son mujeres mayores que tienen recetas médicas en mano indicando que el misoprostol es para tratar presuntas úlceras gástricas.

Un experto en legislación médica mencionó que aún no está claro si las personas que transportan estos medicamentos están cometiendo un crimen. Tampoco queda claro si es authorized o no introducir a Estados Unidos medicamentos para abortar en cantidades grandes, pero son preguntas que pronto podrán ser evaluadas por los fiscales estadounidenses, sobre todo aquellos que siguen buscando restringir el acceso al aborto.

El traslado transfronterizo de medicamentos ha sido una realidad durante mucho tiempo en las comunidades de la frontera e incluso más allá, porque los medicamentos y los servicios médicos normalmente son más económicos en México. En algunas instancias, los reguladores federales permiten que individuos ingresen al país suministros de hasta tres meses de ciertos medicamentos, siempre y cuando no sean para “futura distribución o venta dentro del comercio estadounidense”.

Pero este tema está inmerso en “ambigüedades legales” que pudieran ser exacerbadas por la política y por posibles desacuerdos entre líderes estatales y fiscales locales conservadores y el gobierno federal, señaló Nathan Cortez, un profesor de derecho en la Universidad Metodista del Sur en Dallas, quien se especializa en turismo médico y mercados de salud transfronterizos.

“Hablar en términos de resoluciones legales es difícil porque creo que diferentes personas operando bajo diferentes circunstancias y en diferentes jurisdicciones van a tener diferentes respuestas”, dijo Cortez. “Aquellas personas que buscan respuestas podrían no encontrarlas”.

Aún con esas preguntas legales, las redes mexicanas dicen que, en meses recientes, se han dado cuenta de que la existencia de sus servicios ya se ha esparcido a través de Estados Unidos de boca en boca. Cuando el acceso para millones de personas en edad reproductiva en los Estados Unidos comenzó a restringirse como resultado de la decisión de la Suprema Corte, las colectivas lo notaron inmediatamente en las bandejas de entrada de sus redes sociales, las cuales se vieron desbordadas por mensajes de personas desesperadas por ayuda.

En los días consecutivos al fallo de la Suprema Corte, una mujer de Estados Unidos le envió un mensaje de voz a Cardona Alanís: “Muchísimas gracias por ayudarme. No sabía que iba hacer”.

La mujer explicó que había quedado desamparada cuando su cita para abortar en Estados Unidos, que originalmente estaba programada para tres días después de la decisión, fue cancelada.

“Por fin realmente estamos saliendo […] a tomar las calles por nuestros derechos”, dijo Cardona Alanís. Agregó que en Estados Unidos esa acción quizás signifique involucrarse en actividades que, como los acompañamientos, existen fuera de las normas y leyes establecidas. “Aquí en México ya lo habíamos hecho hace tiempo pero ahora les tocaba a ellas…. El objetivo es ese, que las mujeres tengan acceso a sus derechos, que ninguna quede atrás”.

La purple de Monterrey cube que sus nexos más grandes están en Texas. Cada vez más redes informales y acompañantes en Estados Unidos les piden una versión traducida de los materiales y manuales que tienen en español. Pero, si bien el modelo de acompañamiento es conocido en México, raramente es discutido abiertamente en Estados Unidos.

Frente a la prohibición del aborto en Texas y ante las consecuencias penales, aquellas activistas en Estados Unidos que comienzan a seguir los pasos de las acompañantes operan mayoritariamente en la clandestinidad. Al responder preguntas acerca de las redes que están surgiendo en Estados Unidos, algunas activistas pro-aborto se limitan a señalar que siempre ha habido personas que buscan tener abortos fuera del sistema de salud y siempre las habrá.

No queda claro hasta qué punto las redes se han formalizado dentro de Estados Unidos ni cuál podría ser su alcance, aunque las conexiones con las redes mexicanas sirven como puntos de entrada para personas que buscan abortar.

Cardona Alanís compartió un ejemplo reciente: se enteró de una mujer en Ohio que buscaba ayuda y quería viajar a México. Cardona Alanís se lo mencionó a una colega que tenía medicamento para abortar en Texas, quien, a su vez, ofreció ayudar para que la mujer no tuviera que viajar internacionalmente. Finalmente, la mujer de Texas puso en contacto a la mujer de Ohio con una purple en su propio estado para que pudieran acompañarla en casa.

Con el modelo clínico existente, alguien en Texas que quiera interrumpir su embarazo tendría que gastar cientos de dólares para viajar fuera del estado, una realidad que está fuera de la posibilidad de muchas texanas — particularmente de las personas racializadas, quienes han sido las más propensas a tener abortos y que tienen mayor posibilidad de ser parte de la población de escasos recursos o en situación de pobreza.

Reconociendo el contexto de desigualdad, una activista que realiza acompañamientos en Houston dijo que la necesidad de crear un acceso al aborto fuera del contexto tradicional de las clínicas se volvió evidente en cuanto, al inicio de la pandemia, el gobernador Greg Abbott dio una orden ejecutiva de emergencia para posponer las cirugías que no fueran medicamente urgentes. Esto llevó a la prohibición casi complete de los abortos una vez que los funcionarios de gobierno de Texas informaron que la orden del gobernador también se extendía a la interrupción del embarazo.

Esta persona, quien habló con el Texas Tribune bajo la condición de anonimato por el riesgo que involucra hacer trabajo de acompañamiento en Estados Unidos, dijo: “durante décadas, no había habido necesidad de tomar el cuidado en nuestras propias manos; el resto del mundo tiene mucha experiencia en ello y ahora es tiempo para que este país lo haga”.

Las líderes de las redes mexicanas indicaron que confían en la permanencia de su modelo porque está descentralizado. Agregaron que los abortos con medicamento son difíciles de rastrear.

Pero más allá de las preguntas que existen acerca de la legalidad del traslado del medicamento en grandes cantidades a través de la frontera, las leyes de Texas también buscan cazar a aquellas personas que ayuden a otras a obtener un aborto. Texas está actualmente operando bajo una ley aprobada en 1925, la cual dicta que realizar o “proveer los medios” para tener un aborto es un delito que puede castigarse con hasta cinco años de prisión. Otra ley estatal aprobada en 2021 permite que ciudadanos particulares puedan demandar a los prestadores de servicios de aborto o a cualquier persona involucrada en la “instigación y complicidad” de un aborto a partir de las seis semanas de embarazo.

La persona que hace acompañamiento en Texas dijo que su preparación ha incluido cruzar a México para comprar el medicamento, tomar capacitaciones en seguridad digital, acondicionar su casa para recibir a las personas que no puedan llevar a cabo un aborto en su propia casa e integrarse a las redes existentes para aprender lo más posible de los grupos que han hecho este trabajo durante mucho tiempo.

“Estamos teniendo un cambio después de décadas de confiar en las estructuras aprobadas por el Estado”, señaló dicha persona.

Por una vía o por otra

Para aquellas personas en Estados Unidos que cuentan con los recursos necesarios — y con la ciudadanía o el estatus migratorio requeridos para viajar — México aún podría ofrecer una vía para abortar en una clínica.

Nueve de los 32 estados de la República Mexicana ya han legalizado el aborto. En la Ciudad de México, hay docenas de clínicas de aborto establecidas. Algunas son dirigidas por particulares, las cuales ofrecen abortos a una fracción del precio en Estados Unidos. Otras operan a través de los Servicios de Salud Pública de la ciudad. Estas clínicas y hospitales públicos quizás sean más difíciles de navegar pero ofrecen acceso gratuito al aborto.

Por meses, la Secretaria de Salud de Ciudad de México, la Dra. Olivia López Arellano, ha declarado que el sistema público de salud tiene la capacidad de extender sus servicios de aborto en caso de que incremente el número de pacientes extranjeras. En una entrevista con el Tribune, López Arellano enfatizó que el acceso al aborto encaja perfectamente dentro de la misión del sistema público de salud de “prevenir las muertes y prevenir el sufrimiento de las mujeres”. Destacó que las cifras oficiales muestran que ninguna paciente ha muerto durante los 250,000 abortos practicados a través del sistema desde su legalización hace 15 años.

“Porque una vez que una mujer decide interrumpir su embarazo, lo va a hacer por una vía o por otra”, dijo López Arellano.

Las clínicas privadas también están expandiendo sus servicios para poder ayudar más ampliamente a las personas extranjeras que consideren viajar a México para realizarse un aborto. Una clínica privada en la Ciudad de México pronto expandirá su horario para que las pacientes que lleguen del extranjero puedan tomar un vuelo de ida y vuelta en un mismo día. Otras clinicas privadas están abriendo sucursales en las ciudades fronterizas de México, en estados en los que que recientemente se ha legalizado el aborto.

Las clínicas mexicanas podrían tener un papel más importante de lo esperado, ya que cada vez hay menos citas disponibles en las clínicas estadounidenses ubicadas en los estados en los que todavía se permite el aborto. Pero, al igual que cuando se legalizó el aborto en la Ciudad de México, en Estados Unidos se ha visto un incremento en la demanda de medicamentos para abortar en casa, sobre todo porque permite ahorrar los gastos de viaje, cube Verónica Cruz del grupo Las Libres.

“Si tú le das [a alguien] la opción que le pueden llegar las pastillas, que en su casa puede abortar de manera segura y alguien va estar ahí acompañándola, por supuesto que eso prefieren”, dijo Cruz. “Yo creo que el tema de la gratuidad mata todo lo otro — el miedo que puedan tener — porque en Estados Unidos todo es carísimo”.

Al closing, las activistas mexicanas pro-aborto indican que el éxito del modelo de acompañamiento en Estados Unidos dependerá de que éste sea tan normalizado como lo es en México. Admitieron que eso tomará tiempo, pero la balanza podría inclinarse a favor del modelo de acompañamiento, dado el incremento en los precios de los abortos en las clínicas.

“Esta es una reflexión que también, de nueva cuenta, hemos tenido con nuestras compañeras estadounidenses — el modelo estadounidense, aunque por un tiempo se planteó como el modelo ideal, no lo es”, dijo Alcalde Castro de Ipas. “Este es un momento de cuestionar este modelo altamente clínico que deja excluidas a un número importante de mujeres, muchas de ellas, además de grupos que de por sí ya enfrentan otros elementos de exclusión. O sea, las mujeres afrodescendientes, las latinas, las más pobres”.

Alentados por su reciente victoria, los legisladores antiaborto ya están buscando maneras de restringir aún más el acceso al aborto en Texas. Hay un anteproyecto de ley que, de ser aceptado, prohibiría que las compañías con sede en Texas ofrezcan prestaciones para ayudar a sus empleadas a acceder al aborto, como el pago de viáticos a otros estados donde aún se permite el aborto.

Algunos legisladores también están buscando facultar a los fiscales locales para procesar violaciones a la ley en caso de que un fiscal de otra jurisdicción se niegue a hacerlo. Hasta ahora, nadie se ha enfrentado a cargos relacionados al aborto. Al menos cinco fiscales locales (casi todos en grandes áreas urbanas) han dicho que no iniciarán procesos contra aquellas personas que ayuden a abortar.

Aun así, no está claro si la legislatura estatal tiene suficiente alcance para limitar los esfuerzos internacionales como aquellos que están llegando discretamente desde México a los hogares de Texas.

Cruz no se preocupa por las represalias o porque los funcionarios estadounidenses intervengan con la expansión del acompañamiento. Estados Unidos, dijo, es un país que lucha por las libertades individuales, pero este modelo tiene sus raíces en la acción comunitaria.

“Creo que es muy difícil que Estados Unidos intervenga”, dijo Cruz. “Justo [porque]este modelo radica en la organización comunitaria y en la lucha de un derecho colectivo. A eso sí no le saben”.

Mariana Serrano Gochy tradujo esta nota.

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